Violencia entre Parejas del Mismo Sexo en Bolivia

La mayor parte de la población consultada (56%) es joven y se encuentra entre los 18 y 27 años de edad. Un 52% reportó identificarse con el género femenino y un 45% con el género masculino. La población Gay es la de mayor prevalencia en el estudio (30,7%), a continuación la población de Lesbianas (24,5%), Bisexuales (18,3%), Trans* Femenina (15,4%), Trans* Masculinos (6,6%), Intersexuales (1,7%),Otros (1,7%) y Pansexuales (0,4%).
Se puede evidenciar que a menor nivel de estudios, existe mayor probabilidad de sufrir y propagar violencia. Quienes sufrieron mayor violencia (52%) fueron aquellos que no concluyeron sus estudios secundarios. Quienes propagaron mayor violencia (50%) fueron aquellas personas que únicamente alcanzaron a la primaria como máximo nivel de estudios.
En cuanto a la situación económica, un 72% posee una fuente laboral, casi una cuarta parte (24%) depende de su familia nuclear y únicamente un 4% depende de su pareja.
Un 57% considera que la violencia entre parejas del mismo sexo es muy común y sólo un 5% considera que esta no existe. Por tanto, este es un problema que está presente en la realidad y que es de conocimiento de la población LGBTI, aunque no se hable de ella ni sea evidenciada por el resto de la población. Esta cifra se contrasta con el 79% de las personas que afirman que conocen al menos a una persona que haya sido víctima de violencia por parte de una pareja de su mismo sexo.
En total, se encontró que un 40% de los participantes fueron víctimas de violencia y son capaces de reconocerla. Un 13% de las personas no están seguras si fueron víctimas o no, sin embargo, esto se debe a que evidentemente alguna consecuencia emocional está teniendo en ellas dicha relación, dado que no están seguras de si se trata de violencia o no.
El 41% de las lesbianas recibió violencia por parte de una de sus parejas o exparejas. Sin embargo, la población que mayores índices de violencia de pareja reporta en Bolivia es la Trans* Femenina (51%). El género femenino es el que reporta mayores índices de violencia entre parejas del mismo sexo.
Del total de personas que fueron víctimas de violencia, se encontró que el 39% de los agresores o agresoras eran sus parejas estables, el 36% sufrió violencia en algún momento por parte de alguna de sus exparejas, y un 25% en manos de parejas ocasionales.
La mayor violencia existente entre estas parejas es de tipo psicológica y posteriormente de tipo física.
Golpes, empujones (violencia física) 18%
Insultos, gritos, humillaciones (violencia psicológica) 20%
Amenazas constantes (violencia psicológica) 8%
Amenazas de contar mi condición médica (violencia psicológica) 2%
Comentarios despectivos sobre mi apariencia (violencia psicológica) 7%
Prohibición de ver amigos/familiares (violencia psicológica) 9%
Amenazas de contar mi orientación sexual (violencia psicológica) 4%
Control de mi dinero, cuentas, compras (violencia económica) 6%
Control de mi celular, redes sociales, correo (violencia psicológica) 14%
Amenazas de suicidio si la/lo dejo (violencia psicológica) 8%
Tener relaciones sexuales a la fuerza (violencia sexual) 4%
Del total de personas que refirieron haber sido víctimas de violencia, únicamente un 13% llegó a hacer la denuncia formal. A momento de hacer el levantamiento de datos, ninguna de las personas seguía con la denuncia en curso, y al contrario el 45% respondió que decidió no continuar con la denuncia y abandonó su curso. El otro 55% afirmó que la denuncia se archivó o no pasó nada con ella. La mayoría de las personas prefiere mantener el silencio y no contar a nadie sus experiencias de violencia (39%); aunque un porcentaje bastante cercano corresponde a quienes recurren a amigos cercanos (34%), sólo un 12% acude a su familia para contarle que sufrió violencia y un 2% a organizaciones LGBTI.
Quienes no acudieron a hacer una denuncia formal, informaron que se debe a que tenían vergüenza de realizarla (40%), el 17% considera que no los van a ayudar y un 14% no hizo la denuncia por miedo a ser discriminado por funcionarios públicos al momento de realizarla. Un 15% desconoce dónde puede hacer una denuncia de este tipo y otro 14% teme que al hacer la denuncia, su pareja vuelva a agredirle.
La principal causa de violencia sería aferrarse a una pareja por miedo a no encontrar otra pareja. Un 57% considera que se quienes sufren violencia se debe a este motivo, seguido por no haber salido del clóset públicamente (19%), la dependencia económica (14%), y sólo el 10% considera que se debe a la homofobia internalizada de la parte agresora.
En Bolivia no existen normas específicas de protección a personas LGBTI en casos de violencia y tampoco existe la posibilidad de que se reconozcan legalmente las uniones de personas LGB. Al respecto,la población que participó del estudio considera que la violencia intragénero disminuiría si existiesen normas como el Acuerdo de Vida en Familia o tipificación de crímenes de odio contra personas LGBTI (66%), y un 34% considera que las leyes no son suficientes para prevenir la violencia y que esta permanecería igual.
En cuanto a los datos obtenidos de las encuestas realizadas a 100 efectivos de la policía, se obtuvieron los siguientes datos: un 84% afirma que conoce poco acerca de las diversidades sexuales y de género. Sin embargo, el 80% considera que la violencia entre parejas del mismo sexo existe en nuestro país, probablemente porque casi un tercio de los encuestados asevera que atendió denuncias de personas LGBTI.
El 48% respondió que no existe un protocolo de atención para estos casos y un 46% desconoce si existe un protocolo de estas características. Solo un 6% informó que existe un protocolo de atención, sin embargo un 59% manifestó que desconoce si existen registros estadísticos de estos casos y un 35% afirmó que no existen. Un dato alarmante es que el 58% de los oficiales de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia conocen poco la Ley 348 y quienes afirman que conocen mucho acerca de la mencionada ley representan un 41%. Entre quienes la conocen poco y mucho, el 73% considera que la misma es aplicable a casos de violencia entre parejas del mismo sexo. Solo el 17% cree que no puede ser aplicada para este tipo de casos.
Tampoco existe un protocolo de atención para personas Trans* como el 39% de los encuestados afirma. Sólo el 19% asevera que aplican la Ley 348 en casos de violencia contra personas Trans*. El 21% no sabe cómo proceder en caso de tener que atender una denuncia de una persona Trans*.
Finalmente, en caso de atender una denuncia por parte de una persona LGBTI, el 50% informó que se sentiría cómodo/a atendiéndolos, y el 43% que se sentiría incómodo. Un 4% preferiría no atenderlos. Entonces, la mitad de los funcionarios de la FELCV se siente incómodo o no los atiende cuando se apersonan a realizar denuncias de la población LGBTI, lo que derivaría en malos tratos, humillaciones, ridiculizaciones, falta de interés en escucharlos, desvalorizar sus denuncias, actitudes machistas y otras que provienen de esa incomodidad o rechazo que les genera el asistir a una persona con diversa orientación sexual o identidad de género. Esto también es una consecuencia del alto nivel de machismo en el país y la heteronormatividad que están más presentes aún en instituciones castrenses. No es de alarmarse entonces, porqué solo el 13% de las víctimas de violencia acuden a hacer su denuncia formalmente; generalmente la población LGBTI percibe que las instituciones donde mayor discriminación y maltrato sufren es en la policía e instituciones públicas.