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El caso de Azul debería representar un avance en el reconocimiento de los DDHH de las personas LGBT 
en el Perú; es vital que el Estado peruano cumpla con su reparación.
Hace unos días, el Consejo Directivo de la PGE resolvió determinar las entidades responsables de dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Azul Rojas vs. Perú.
El retraso y la burocracia para la implementación de la sentencia de la CorteIDH genera impunidad.
Exigimos que las instituciones puedan dar cumplimiento a las reparaciones dispuestas por la CorteIDH.